Junto al ex síndico también fueron enviados a juicio los contratistas Germán de los Santos Recio y Robert Emilio Cabrera, por presunta prevaricación, desfalco y distracción de caudales públicos pertenecientes a dicha entidad edilicia.
La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) los había sometido a la acción de la justicia por haber dispuesto en su provecho de más de RD$12 millones en la ejecución de supuestas obras que nunca fueron completadas.
Entre las obras que presentan irregularidades en su ejecución, se encuentran: el Matadero Municipal, así como la construcción de aceras y contenes en el Barrio Los Maestros.
El titular de la DPCA, Hotoniel Bonilla García, indicó que Mateo Díaz, en procura de apropiarse de los fondos municipales, se asoció ilícitamente a los referidos contratistas a quienes entregaba sumas superiores a lo contratado, retirando cheques de manera fraudulenta, los cuales eran canjeados en forma irregular.
Los fondos fueron utilizados por el ex síndico para adquirir varias propiedades, entre las que se destacan una jeepeta marca Infiniti, una jeepeta marca Mitsubishi, y la remodelación y ampliación de su residencia, entre otras.
Se recuerda que la Cámara de Cuentas había presentado un Informe de Auditoría en el que se reflejaban serias irregularidades en el manejo presupuestario del referido ayuntamiento entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de diciembre de ese año.
Al inicio de las investigaciones la DPCA había interrogado a varios de los funcionarios de dicho ayuntamiento, y se habían dictado medidas de coerción consistentes en garantías económicas y prohibición de salida del país sin autorización; ahora, los imputados deberán comparecer al juicio de fondo que celebrará el Tribunal colegiado de ese Departamento Judicial para que respondan por las graves imputaciones que se le formulan.
Bonilla adelantó que por la gravedad de los hechos puestos a cargo de dichos ciudadanos, y por ser fondos pertenecientes a una demarcación con graves problemas de infraestructura, no solo solicitará la imposición de penas severas a los encartados sino la restitución al Ayuntamiento Municipal de los bienes que han sido disipados o distraídos.
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